Los datos de inflación, que acumula ya siete meses consecutivos en tasas negativas, reflejan la atonía del consumo y la falta de expectativas sobre la solidez de la recuperación económica. La nueva etapa de crecimiento sólo podrá consolidarse si los salarios de los trabajadores ganan poder de compra y si se apuesta por un empleo de calidad. UGT considera, además, que es necesario impulsar las inversiones en I+D+i, desarrollar una política industrial de futuro y reforzar las bases de nuestro sistema de protección social, que tiene un impacto multiplicador imprescindible sobre el consumo de los hogares. El sindicato, que critica la raquítica subida del salario mínimo decidida unilateralmente por el Gobierno para 2015, considera que la negociación colectiva debe ser coherente con las necesidades actuales de la economía y apostar por el crecimiento real de los salarios. De tal forma que, si las condiciones de las empresas y los sectores lo permite, la ganancia salarial sea nítida y no esté expuesta a los vaivenes coyunturales de una inflación muy sujeta a factores volátiles, como el precio del petróleo. Una premisa imprescindible para firmar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
El
Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero se ha reducido tres
décimas respecto al mes anterior, hasta el -1,3%, al registrar un
descenso mensual de un 1,6% respecto del existente en el mes de
diciembre. Es la segunda tasa anual más negativa de toda la serie
histórica de este indicador desde la registrada en julio de 2009.
Por
su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de
precios descontando los alimentos no elaborados y los productos
energéticos, se ha reducido un 1,5% en el mes, pero en términos
interanuales se sitúa en el 0,2%, dos décimas más que en diciembre.
En
cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha disminuido
cuatro décimas respecto al mes de diciembre, situando su tasa anual en
el -1,5%. De este modo, el IPCA de España se sitúa nueve décimas por
debajo de la tasa media de la eurozona (-0,6%).
Valoración
Los
datos del IPC de enero continúan mostrando una inflación en niveles
mínimos, que acumula ya siete meses consecutivos en tasas negativas, y
que es reflejo de dos circunstancias simultáneas: en primer lugar, de la
atonía del consumo y de la falta de expectativas sobre la solidez de la
reactivación económica en nuestro país.
Las
familias aún no perciben que la actividad despegue definitivamente
porque el nivel de desempleo es muy elevado u porque los empleos que se
comienzan a crear son precarios, de baja calidad y sueldos de miseria.
En
segundo lugar, por la incidencia extraordinaria de la caída de los
precios del petróleo, un 44% en diciembre de 2014 respecto del existente
un año antes, hasta situarse ligeramente por encima de los 60 dólares
el barril, un nivel desconocido desde 2009.
Una
inflación moderada y más reducida que la de nuestros socios europeos es
beneficiosa, porque permite que las rentas ganen poder de compra más
fácilmente y mejora la competitividad-precio de nuestros productos
respectos de los de nuestros competidores de la eurozona.
Sin
embargo, la situación actual responde a la debilidad de nuestra
reactivación y a un factor externo como es la evolución del precio del
crudo, y no a un funcionamiento eficiente y responsable de los mercados
de bienes y servicios.
Ello
configura un escenario de riesgos e incertidumbres sobre la evolución
futura que precisa de un impulso político con actuaciones desde todos
los ámbitos.
El
Banco Central Europeo está haciendo sus deberes con una política ya
decididamente expansiva, con tipos de interés nulos (negativos incluso
para los depósitos de los bancos en sus arcas) y con un programa de
compra de activos privados y públicos que reduce las tensiones
especulativas sobre el euro e inyecta liquidez al sistema.
La
política fiscal europea se ha quedado a medio camino con el Plan
Juncker, que aunque va en el sentido positivo, al proponer inversiones
en toda la zona, lo hace con unas dotaciones muy insuficientes y con
unos criterios poco eficaces, que minimizará su impacto favorable.
Es
preciso otro plan europeo más ambicioso, que destine más fondos a
inversiones estratégicas generadoras de empleo, como el Plan que propone
la Confederación Europea de Sindicatos, que supondría una inyección
equivalente al 2% del presupuesto europeo cada año durante una década.
A
nivel nacional, es necesario que el Gobierno impulse las inversiones en
I+D+i, promueva el desarrollo de una política industrial de futuro y
refuerce las bases de nuestro sistema de protección social, que tiene un
impacto multiplicador imprescindible sobre el consumo de los hogares.
Para
ello debe impulsar sin demora, en los ámbitos pertinentes, las
negociaciones que den efectividad a los compromisos que adquirió con la
firma del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para
fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que suscribió junto a
las organizaciones empresariales y sindicales en julio del pasado año.
Pero
además, la nueva etapa de crecimiento no podrá consolidarse si los
salarios de los trabajadores no crecen y no ganan poder de compra en los
próximos años. La devaluación salarial de los últimos años ha sido muy
intensa (7 puntos de pérdida de poder de compra), y unida a la pérdida
de millones de empleos, ha hundido las capacidades de consumo sostenido
de las familias y sus expectativas en el futuro, generando nuevas
situaciones de pobreza laboral intolerables en un país avanzado.
Revertir esta situación es crucial para apuntalar el crecimiento.
La
raquítica subida del salario mínimo decidida unilateralmente por el
Gobierno para 2015 (+0,5%), tras años de congelación y pérdida de poder
de compra, ya ha sido una pésima medida, que alimenta las situaciones de
desigualdad y exclusión social.
Por
eso la negociación colectiva debe ser coherente con las necesidades
actuales de la economía y apostar por el crecimiento real de los
salarios, para consolidar la reactivación y reducir esas situaciones de
pobreza laboral. Los asalariados deben participar de la nueva etapa de
crecimiento, con más empleo, de más calidad y mejores sueldos.
No
es suficiente con que los salarios, como todas las rentas, se
beneficien de una inflación ahora bajo mínimos. Hay que tener en cuenta
que en 2014 el IPC medio fue negativo (-0,2%) y los salarios totales
(medidos por el coste salarial de la Encuesta Trimestral de costes
Laborales) apenas han ganado una décima de poder de compra. Es preciso
tener en cuenta la evolución de la economía y de la productividad, para
que el reparto de los beneficios que esa nueva etapa generará sea justo y
económicamente eficiente.
Si
las condiciones de las empresas y los sectores lo permiten, la ganancia
salarial debe ser nítida, y no estar expuesta a los vaivenes
coyunturales de una inflación muy sujeta a factores volátiles, como el
precio del petróleo.
Es
cierto que ahora los precios no crecen; pero para 2015 y, sobre todo,
2016, existe la voluntad política (expresada por el BCE) de elevar la
inflación al entorno del 2%. Y el poder de compra de los salarios debe
aumentar si la economía crece en todo caso. La negociación colectiva en
cada sector y empresa debe tener esto en cuenta.
En
este sentido, solo será posible firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva para los próximos años si se recogen unos
criterios salariales coherentes con esta situación. Si la economía va
bien y la productividad aumenta, el crecimiento real de los salarios
debe estar garantizado.
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